Fernando Jáuregui

Fue el de ayer uno de esos días realmente históricos, apenas media docena, que jalonan los últimos cuarenta y cuatro años de nuestra democracia. Pero las cosas no terminan ahí. Queda mucho por decir.

Cuando ves lo que pasa en Gran Bretaña, lo que ocurre en España casi parece un modelo de estabilidad, me decía alguien estos días de debate, paseando por los pasillos del Congreso. No es algo, claro, comparable.

Pocas salidas le quedan ya al Presidente del Gobierno para intentar atajar lo que algunos han llamado "golpe de Estado" dado por la Generalitat de Cataluña al convocar y llevar a cabo este domingo un referéndum ilegal que se saldó con gente votando, con urnas en los colegios y con cargas policiales que dejaron algunas imágenes muy duras, que han sido convenientemente aprovechadas por los independentistas. El vértigo seguirá en las próximas horas y si tal como anunció en la noche del domingo el Presidente de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña declara esta misma semana de forma unilateral la independencia, el Gobierno de España con su Presidente a la cabeza no tendrá ya excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución que dice textualmente que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Este artículo, tan constitucional como los demás, confiere al Gobierno la competencia para aplicarlo. Rajoy no necesita el apoyo del PSOE o de Ciudadanos para hacerlo. En el caso del partido de Rivera ya han dicho este lunes que están a favor de su aplicación; en el caso del PSOE, dependiendo del día de la semana, dicen una cosa o su contraria. Pero el Presidente del Gobierno no puede seguir rehuyendo sus responsabilidades ante la más grave crisis política e institucional que hemos vivido en España desde la transición política. Mayor, si cabe, que la que se generó con el fallido golpe de Estado del 23-F de 1981.