A Cañiza solicita rebajar al 25% la retención del Estado

Esta situación está provocada por los dos mecanismos de pago a proveedores que este Concello se vio obligado a cumplir con la Agencia Tributaria como consecuencia de la declaración de esos 2,6 millones (1.149 facturas que sumaron un total de 1.240.415 euros en 2022 y otras 2.089 facturas por un total de 1.528.593 euros) en 2023. Impagos que fueron asumidos por Hacienda en 2022 y 2023 pero que, desde el pasado mes de julio, “tenemos que devolver en forma de retenciones con cargo a la participación del Concello en los Tributos del Estado”.

Es una retención del 50% que para el Concello de A Cañiza supone dejar de ingresar cada mes un total de 46.000 euros que suman 552.000 euros/año, aunque esta retención del 50% puede reducirse a un 25%, en función de las necesidades de la administración local cañicense y siempre que la Corporación acredite que existen graves desfases de Tesorería. Una rebaja que Intervención Municipal solicitó el 10 de octubre al Ministerio de Hacienda, ya que, teniendo en cuenta que el Concello cobra con cargo a la participación de los Tributos del Estado 92.000/mes, la concesión de esta rebaja hasta el 25% supondría cobrar 69.000 en lugar de los 46.000 que están aplicando desde el mes de julio, con una pérdida de 23.000 euros mensuales que se traduce en 276.000/año. Si Hacienda no autorizase la rebaja del porcentaje, el Concello dejará de cobrar 552.000 euros al año. “Una losa”, según comentaba a este diario el alcalde a quien lo que más le preocupa es “equilibrar las cuentas“ para salir del laberinto económico en el que se encuentra la administración local de A Cañiza por la deuda que arrastra.

La situación que hoy soporta el Concello de A Cañiza se debe, principalmente, a tener congeladas las actualizaciones anuales de las ordenanzas fiscales. Una situación complicada tanto para el Concello como para los vecinos, que se suma a la carestía de vida y la fuerte subida de precios del mercado que afecta directamente al mantenimiento de servicios públicos básicos, por lo que el gobierno local admite que será necesario actualizar impuestos y tasas en el próximo ejercicio, recortar gasto y reducir plantilla amortizando plazas por jubilación en un plazo de tres a cuatro años. Pero todo esto pasa por que Hacienda conceda la rebaja de la retención al 25%, para lo cual es obligatorio presentar un Plan de Saneamiento Financiero que tendrá que aprobar el Pleno con medidas de estabilidad financiera.