El Concello de Covelo avala sus actos en el "galpón"

n n nEl Concello de Covelo ratificó en un texto remitido a este diario sus actos sobre un “galpón” adosado a una vivienda y que la Justicia ha avalado, frente a las quejas de Carmen Pallares, que lleva 5 años de litigio con su vecino desde que compró su casa y la restauró. El Concello explica que la construcción auxiliar fue objeto de reposición de la legalidad tramitado y resuelto en 2017 por el Ayuntamiento “decretándose la demolición del galpón por entenderse en aquel momento ilegalizable sobre lo examinado en aquel procedimiento sumario”. Dicha ilegalidad, precisa el consistorio, no se debería a una supuesta invasión vecina, sino por incumplimiento de parámetros urbanísticos, decisión que fue objeto de recurso administrativo por parte del denunciado, finalmente desestimado por el Concello.

Añade el consistorio, que a continuación el perjudicado interpuso un recurso contencioso, también desestimado por sentencia del juzgado de Pontevedra, en junio de 2019, que dio la razón al Concello. “En consecuencia -indica- la sentencia no declaró ilegal el galpón ni lo mandó derribar como señala su periódico, fue el ayuntamiento de Covelo el que lo hizo a través del expediente administrativo, ratificando el Juzgado tal decisión”.

Indica que no se hace referencia alguna, a que la sentencia no se llegó a pronunciar sobre la posibilidad de legalización del galón como ampliación de vivienda expuesta en juicio por el recurrente, dejando imprejuzgada tal cuestión por entender que no procedía analizar en aquel litigio, tal como refleja la fundamentación jurídica.

“Se obvia que con posterioridad el particular denunciado instó la posible legalizabilidad de la construcción como ampliación de la vivienda al amparo del artículo 40 de la Ley de Suelo, aportando nuevo proyecto técnico”. Como base a la documentación presentada, se emitió informe favorable por el técnico municipal, entendiéndose justificada la ampliación y autorizable con base a dicha norma. “Se ofrece una información errónea -asegura el consistorio – al señalar que en los informes municipales se contemple reconstrucción alguna de la obra, se analiza una petición de legalizabilidad de una obra ya construida, en modo alguno tales informes avalan una invasión de propiedad, como se señala”. Por último, indica que sólo hubo un fallo judicial, el que le dio razón al concello de Covelo.