Comienza el macrojuicio de Pescanova con 31 imputados y que durará 4 meses

La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares en Madrid acogerá desde mañana lunes la macrocausa de Pescanova con 31 imputados (19 personas físicas y 12 personas jurídicas) encabezados por Manuel Fernández de Sousa-Faro y Alfonso Paz Andrade, parte del consejo de administración y de la cúpula de la compañía viguesa, así como el auditor BDO por un total de ocho delitos (falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor).

La previsión es que dure cuatro meses, hasta el 26 de marzo, con un total de 32 sesiones, cinco de ellas en diciembre, otras cinco en enero, 10 en febrero y finalmente 12 sesiones en marzo.

La acusación que representa a accionistas minoritarios que perdieron sus ahorros en las acciones de Pescanova prevé que se presenten al juicio una veintena de abogados de la defensa que el primer día plantearán cuestiones previas. “Su objetivo será que el juicio dure lo máximo posible para sembrar la confusión con peritos y testigos y cuando salga la sentencia impugnarla y ganar otros dos años”, opina el abogado Joaquín Yvancos.

De todas formas considera que todo está muy claro “porque el informe de KPMG era demoledor y el informe forense así lo reflejó y eso es la base de la acusación”, precisa.

Yvancos aseguró que apenas un 20% de los afectados han llegado hasta esta fase final. Confía en que se les resarcirá pero "llevamos ya 7 años y aún faltarán un par de años más, así que cobrarán su dinero una década después siendo optimistas", señala. Prevé que si en marzo de 2020 queda visto para sentencia la sentencia se pueda conocer en verano.

Manuel Fernández se enfrenta a una petición de penas de 32 años de cárcel y multas por 22 millones de euros, su hijo Pablo Fernández Andrade a 13,6 años y su hermano Fernando Fernández de Sousa-Faro a otros 10,6 años, así como su mujer Rosario Andrade a 6 años. Mientras, Alfonso Paz Andrade, entonces consejero delegado, lo hace a una petición de 12,6 años y 3,8 millones de multas.

Pero también hay peticiones millonarias de multas para las compañías implicadas como los 261 millones por delito de estafa que se piden para Pescanova SA, así como responsabilidades civiles, entre las que están 52 millones para indemnizar a Luxempart o 40 millones para Corporación Damm, ambos en el consejo. Los bancos también piden indemnizaciones como Bankia 19,9 millones, Ubi Banca 18,9 millones o Banco Espirito Santo 47,9 millones.

El auto de apertura de juicio oral señala que la investigación ha permitido determinar que la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera, la obtención de financiación de los bancos mediante la concesión de créditos documentarlos y mediante el descuento de facturas con base en ambos casos en operaciones inexistentes o simuladas circunstancias que era ocultada a los bancos, precisa.

El auto de apertura de juicio oral archiva de forma provisional la causa respecto al miembro del consejo Robert Albert Williams porque no compareció a declarar a pesar de la comisión rogatoria remitida a la República de Sudáfrica en 2014.