El decreto para los desahucios beneficiará a 29.000 familias

n n n Más de 29.000 familias en apuros podrán seguir viviendo en sus casas aunque no hayan podido pagar sus hipotecas, según las previsiones del Gobierno, que ayer prorrogó hasta 2024 la suspensión de los desahucios en los colectivos más vulnerables. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgo de desahucio hipotecario".

Así lo señalaba la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde resaltó que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha. De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años, "de modo que hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca". Según explicó Montero, el Gobierno está intentando atender a una realidad social, porque aunque la recuperación económica se empieza a notar en las familias, no alcanza a muchas de ellas.

Desde 2013, impulsado por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, la banca española dejó de desahuciar a las familias en apuros, y ahora el Ejecutivo amplía esa paralización de los desalojos tras el impago de las hipotecas hasta 2024.

¿Quienes son vulnerables?

La paralización de los desahucios hipotecarios hasta 2024 en el caso de las familias más vulnerables se esperaba desde que el pasado lunes el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo avanzara en sus redes sociales, destacando que cumplía con las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Iglesias aseguraba asimismo en el comunicado que "aunque hay que dar más pasos", estas medidas son una "buena noticia".

Desde la PAH mostraban su satisfacción por la noticia pero aseguraban que esta decisión del Ejecutivo era una "consecuencia directa" de la campaña de presión que inició el pasado 21 de febrero llamada "#ViviendaPorDerecho", así como de todos los colectivos "que luchan por garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado".

No obstante, la PAH insiste en que no se han aprobado otras medidas que también considera "urgentes", como la paralización de los desahucios derivados de la ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad de viviendas vacías de entidades financieras o "fondos buitre", algo que tilda de "violación de derechos humanos" y seguirá presionando.

Sin embargo la medida no ha sido bien acogida por el sector inmobiliario que reclama ayudas si el arrendatario no paga. Recuerdan que para los inversores es un "mercado casi refugio", porque es un negocio de muy largo plazo, con rentabilidades muy bajas, basado en que es un mercado muy seguro, pues todo el mundo necesita un lugar donde vivir.n