El Pacto de Toledo recomienda actualizar pensiones con el IPC

n n n El Congreso renovó ayer por tercera vez las recomendaciones del Pacto de Toledo que vuelve a revalorizar la pensión con el IPC y da más protagonismo al Estado para que financie los gastos impropios de la Seguridad Social y ayude así a reducir el déficit del sistema.

El Pleno del Congreso ha ratificado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones el "Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo", que contempla 21 nuevas recomendaciones adaptadas a un nuevo mercado laboral y que buscan tanto garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones como mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

La Comisión del Pacto de Toledo, presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio y que cumplió este año sus bodas de plata, ha conseguido cerrar con amplio consenso unas propuestas debatidas durante casi cuatro años. De hecho consiguió unir los votos del PSOE y del PP y, pese a la oposición de VOX y la CUP, también contó con las abstenciones de ERC, EH Bildu, BNG o Más País, críticos con el nuevo texto pero que consideran que hay avances.

Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se elaboró un informe que recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023.

financiación

El Estado deberá financiar de forma progresiva vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

La mayoría de los portavoces destacaron la labor de acercamiento que promovió Magdalena Valerio, que recordó que "sólo con el consenso político y social podrán hacerse medidas eficaces para afrontar los desafíos de las seguridad social, que debe ser instrumento de cohesión que garantice la paz social y estabilidad política".

El Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años y ahora tendrá que ser el Gobierno el que, con la concertación de patronal y sindicatos, legisle y reforme la Ley de la Seguridad Social.

Durante el debate, en el que también se rechazó un total de 19 votos particulares, Magdalena Valerio recordó que estas recomendaciones defienden un modelo público, contributivo, solidario y de reparto.

Señala además a la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y propone establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

acabar con el déficit

Vox decidió votar en contra porque no acaba con el déficit de la Seguridad Social sino que lo "traspasa" al Estado y, además, no recoge una propuesta para fomentar la natalidad frente a la que sí incluye sobre inmigración. La Cup también rechazó este pacto al considerar que abre la puerta a reformas regresivas.

Sin embargo, aunque ERC, Bildu o BNG fueron críticos con las recomendaciones y pidieron volver a la edad legal de los 65 años o una auditoría para ver dónde están los excedentes que tenía el Fondo de Reserva y fueron utilizados para financiar gastos impropios.

Y es que desde todas las formaciones se valoró un acuerdo alcanzado desde el respeto y mientras la portavoz del PSOE, Mercè Perea, y del PP, Tomás Cabezón, dijeron que trata de un pacto "de País" y "de Estado", el diputado del PNV Íñigo Barandiarán señaló el reconocimiento del diálogo.n