La reforma laboral dejó en Vigo 16.000 parados menos pero más precarización

n n n El 9 de septiembre de 2010 el Congreso daba luz verde a la reforma laboral impulsada por el PSOE (Zapatero), retocada y endurecida en 2012 por el Gobierno de Rajoy y hoy pendiente de revisión por parte del Ejecutivo de Sánchez y con una clara división entre empresarios y sindicatos acerca de una posible derogación.

La factura de dicha Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo es ésta: menos paro, más empleo pero de peor calidad y una elevada tasa de temporalidad. Es la tónica general en toda España y también en Vigo, donde hoy hay casi 16.000 desempleados menos que hace una década y 20.700 afiliados más a la Seguridad Social en la provincia, según datos del Ministerio de Empleo. "Que se redujo el paro y se creó empleo es cierto, la estadística está ahí pero lo que también trajo fue una precarización de las relaciones laborales", indica Maica Bouza, secretaria de Emprego de CC OO en Galicia, aludiendo a la intensificación del contrato a tiempo parcial y a la fórmula de entrada y salida rápida del mercado laboral. "El resultado ha sido nefasto, se ha creado un mercado laboral hiperflexible y a demanda de los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. Hay un claro desequilibrio de fuerzas", apunta Bouza.

El secretario comarcal de la CIG, Alberte Gonçalves, lamenta que "se intente aprovechar la situación actual de pandemia para tapar lo regresivas que resultaron las dos reformas laborales para la clase trabajadora". "Se fundamentaban en que se iba a crear más empleo y lo que conllevó fue una pérdida de derechos a pases agigantados. Es urgente derogarla y que no se amparen en el Covid para mantenerla".

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) considera que "es mucho mas inteligente retocarla que derogarla". El presidente de la patronal provincial, Jorge Cebreiros, defiende que se puedan cambiar "algunos aspectos que puedan resultar dañinos para empresa y trabajador". La CEP destaca el papel relevante de los ERTES en la crisis actual, considerándolos "los salvadores de muchos puestos de trabajo" y recuerda que la reforma laboral "ayudó a superar una crisis brutal" como fue la económico-financiera de 2008 que duró varios años.

Precisamente atajar dicha recesión fue el objetivo de ambas reformas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) recogía a principios de este año un documento en el que constataba que las normativas habían acelerado el empleo en España, aunque lo precarizó y aumentó la pobreza.

España se mantiene desde 2017 como el país de la Unión Europea (UE) con una mayor tasa de trabajadores temporales, según constata la oficina estadística Eurostat que reflejan que en un 26% de los asalariados en nuestro país tenía un contrato eventual en 2019.

cambios con las reformas

La reforma laboral de 2010 incluyó que las empresas pudieran despedir por causas económicas con 20 días de indemnización y no sólo cuando tuvieran pérdidas, sino también si prevén tenerlas o incluso antes de una persistente caída de ingresos. Facilitó el despido por faltas al trabajo.

En 2012, el PP endureció la normativa: generalizó la indemnización de 20 días por despido, creó un nuevo contrato indefinido para las pequeñas y medianas empresas, limitó la prórroga de los convenios y cifró en nueve meses la caída de ventas o ingresos que justifican el despido objetivo, entre otros aspectos.

El Gobierno actual se comprometió a revisar el marco laboral español, muy empañado ahora por los efectos del Covid-19. Habló primero de derogar y después de cambiar puntos lesivos como la subcontratación, la prevalencia de los convenios o su ultraactividad.n