La Fiscalía Europea estrecha el cerco a la esposa de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por orden de la Fiscalía Europea. La actuación de los agentes tuvo lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento “estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea “podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia” para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

En una providencia, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban “procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades ”Innova Next” -sociedad del Grupo Barrabés-, “SLU Escuela de Negocios”, y “The Valley”.

Copia de los documentos

Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.

En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital -dos de ellos destinados a jóvenes y uno destinado a personas desempleadas-.

Además, anunció que, “una vez identificados los proyectos anteriores”, debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos “hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado”.

Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ordenó varias diligencias, incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de cargos de Red.es para el 16 de junio. También consta que abrió una pieza separada tras recibir otro oficio de la Fiscalía Europea.

El juez dice que no hay precepto que le impida citarla en campaña

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios aseguró que no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida que anunciase la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral.

En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una “norma no escrita” consistente en no dictar resoluciones “susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral”, en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.

“La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley”, aseguró el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incide en que nada le impide “continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”.

Por otro lado, el magistrado anunció que tomará declaración -la misma será utilizada como prueba preconstituida- como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud.