Los independentistas Turull y Sánchez, en huelga de hambre
España
Los diputados de JxCat Sànchez y Turull critican que el Constitucional bloquee sus recursos
Los diputados de JxCat Jordi Sànchez y Jordi Turull, que optaron sin éxito a relevar a Carles Puigdemont en la Generalitat, inciaron ayer en prisión una huelga de hambre indefinida para presionar al Tribunal Constitucional y denunciar que bloquea sus recursos y les impide acceder a la justicia europea. Sánchez y Turull, dos de los siete políticos independentistas en prisión preventiva en la cárcel barcelonesa de Lledoners, comunicaron a la dirección del centro que iniciaban una huelga de hambre, cuando se encuentran a las puertas del juicio a la cúpula del procés, en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 17 y 16 años por rebelión, respectivamente.
En una rueda de prensa, su abogado, Jordi Pina, detalló que la huelga de hambre es "indefinida" y que el exlíder de la ANC y el exconseller de Presidència la iniciaron para protestar por el "bloqueo" del Constitucional a sus recursos de amparo, lo que les impide "acceder a la justicia europea". Sànchez y Turull denuncian la "demora injustificable" del TC, que ha admitido a trámite ocho recursos suyos interpuestos entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, pero no los ha resuelto aún y los ha "olvidado en un cajón".
“habrá juicio justo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó ayer que los dirigentes independentistas que están en prisión tendrán un juicio justo y rechazó la iniciativa de algunos de ellos de iniciar una huelga de hambre porque cree que no son ciertas las razones que aducen para ella. El jefe del Ejecutivo respondió con un "no" rotundo al plantearle si esa huelga de hambre puede condicionar su intención de que la legislatura dure aún bastantes meses, como dijo recientemente, y tenga que convocar las elecciones generales antes de lo que prevé.
Sánchez insistió en su mensaje a los dirigentes independentistas de que no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. "Nosotros respetamos la independencia del poder judicial; España es un estado social y democrático de derecho", recalcó.
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