El juez procesa a Villarejo por espiar a un bufete de abogados

n n n El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el comisario Enrique García Castaño y a otras 12 personas entre las que también hay expolicías por la pieza número 2 del "caso Tándem", denominada "Iron", por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

Según el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende la petición de Fiscalía Anticorrupción de finalizar la investigación de esta pieza, la primera en concluirse de toda una macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio. El proyecto "Iron" reveló un "modus operandi" en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el "caso Tándem", y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

Tráfico de influencias

El juez instructor propone juzgar a Villarejo por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. El auto da un plazo de diez días a Fiscalía Anticorrupción y acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

De todo lo instruido desde que se abrió la pieza, el juez concluye que "la actividad contratada iba mucho más allá" de una mera "prestación de servicios de detectives", ya que se ha podido constatar que Villarejo y su socio Rafael Redondo ofertaron a Herrero y Asociados "un servicio dirigido a la obtención de información de forma ilegal".

El BBVA, detrás de los supuestos encargos de espionaje a empresas

En otro de los casos en los que estña implicado Villarejo, el jeuz Manuel García Castellón, sostiene que la "múltiple contratación" del excomisario por parte del BBVA para supuestas labores de espionaje se llevó a cabo "a cambio de elevadas sumas de dinero", que cifra en 10,2 millones de euros.

En el auto en el que acordaba levantar el secreto de sumario de esta pieza, el magistrado explica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de Villarejo, "por un importe total de 10.284.689,30 euros los cuales tendrían su origen en la prestación de servicios" para el BBVA, que figura como imputada en esta pieza.

Según el magistrado, la contratación del ex comisario "por parte de altos directivos de la entidad", entre los que se encontraba el ex director de la entidad financiera, Francisco González, perseguía "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial" e "ilícito" dada la "incompatibilidad de los encargos" asumidos por su entramado empresarial con su condición de funcionario policial que aún estaba en activo, lo que podría implicar un delito de cohecho pasivo.

Francisco González fue imputado por García Castellón el pasado noviembre por presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto. El inicio de la relación entre Villarejo y el BBVA fue en 2004, cuando Sacyr intentó hacerse con el control de la financiera española. Una campaña que, tal y como se ha demostrado, tenía como objetivo cambiar la dirección del banco y lograr la sustitución de Francisco González, el presidente.

Entre los nombres que Villarejo investigó fue el exministro socialista Miguel Sebastián, el supuesto principal adversario de González en el Gobierno.

Posteriormente, entre los encargos por parte de BBVA a Villarejo destacan desde investigar y acabar con el sindicato Manos Limpias, con Ausbanc y con su presidente, Luis Pineda , hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa. n