La polémica "Ley Celaá" tiene en vilo a los colegios especiales

n n n La plataforma "Inclusiva Sí, Especial También", formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes, denuncia que el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la también conocida "Ley Celaá", no contempla en su memoria económica aumentar la financiación de los centros de educación especial a pesar de convertirlos en centros de referencia y apoyo para promover la inclusión de su alumnado en centros educativos ordinarios.

Desde la plataforma asegura que "no se prevé incremento de gasto" en la memoria económica de este proyecto de reforma educativa, que se encuentra ya en el Congreso. Algo que califica como una "trampa" que demuestra "cuál es el plan del Gobierno para los alumnos con necesidades educativas especiales".

La plataforma "Inclusiva Sí, Especial También", crítica con la "Ley Celaá" porque considera que "va contra los colegios de educación especial", alude de nuevo a la disposición adicional cuarta del proyecto de ley, que establece que los centros de educación especial realizarán "la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios" para favorecer la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, pero sin un aumento presupuestario ni a nivel nacional ni autonómico.

"Esto supone que, además de su trabajo habitual, cada colegio de Educación Especial, también deberá dar atención a aproximadamente 60 colegios ordinarios", enfatiza la plataforma en su comunicado, recordando que en España hay 476 centros de educación especial frente a los 28.816 centros educativos de régimen general no universitarios. En su comunicado, la citada plataforma cuestiona el modelo portugués que, asegura, inspira la reforma de la ministra socialista Isabel Celaá.

La experiencia de Portugal -según "Inclusiva Sí, Especial También"- "muestra debilidades notables" y "en la práctica se convierte en muchas ocasiones en espacios segregados" donde "familias y docentes denuncian continuamente la falta de formación y de medios para implementar las nuevas medidas de atención a la diversidad".

¿En qué se basan los colectivos como esta plataforma para advertir contra el riesgo de cierre de esos centros educativos? Pues, concretamente, en la disposición adicional cuarta de la conocida como "Ley Celaá". En este apartado, el proyecto de ley dispone que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

La ministra Isabel Celáá negó esta semana por "enésima vez" que se vayan a cerrar los centros de educación especial en respusta a una pregunta formulada por la diputada del PP, Ana Camins, que le recordó que estas familias están preocupadas porque la próxima ley determine que este alumnado "puede incorporarse progresivamente a los centros ordinarios" y ha reprochado a Celaá que continúe el trámite parlamentario de esta ley a pesar del estado de alarma.

Educación lleva negando que pretenda cerrar los centros de educación especial desde marzo de 2019. En aquella ocasión lo hizo la ministra, Isabel Celaá, en una carta de respuesta a varias asociaciones, y a finales del pasado mes de abril, ante el rebrote de las acusaciones, desmentía "rotundamente" que "se vayan a cerrar centros. n