Rechazo frontal de los jueces al ataque de PSOE y Podemos a su independencia

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, anunció que, de salir adelante, ejercitará "acciones" y "medidas de presión" contra la proposición del PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos pretende renovar a doce vocales del CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años, a través de una rebaja del umbral de la mayoría parlamentaria necesaria para que dicha renovación salga adelante aunque no cuente con los votos del PP.

En un comunicado, la APM informa de que su comité ejecutivo nacional adoptó ayer dicho acuerdo "ante la gravedad extrema de los acontecimientos acaecidos en los últimos días". Para la APM, "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende el Gobierno al mantener el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por el Parlamento y reducir la mayoría necesaria resulta manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución Española".

cautelas constitucionales

Al respecto advierte de que la proposición de PSOE y Unidas Podemos "anula las cautelas señaladas por el Constitucional para evitar la colonización del órgano de gobierno de los jueces por los partidos". "La reforma abre la puerta a la definitiva politización del CGPJ y lo inhabilita para el ejercicio de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces y por tanto el régimen de frenos, pesos y contrapesos sobre el que se sustenta el Estado de derecho y en definitiva la democracia", añade.

Por todo ello, la APM anuncia que "desde el compromiso inquebrantable con la Constitución" ejercitará "las acciones necesarias a nivel interno e internacional y acudirá a los órganos nacionales y europeos para salvaguardar nuestro Estado de derecho". "Si lo que hoy es una proposición de ley llega a aprobarse en las Cortes Generales adoptaremos todas aquellas medidas de presión que están a nuestro alcance, sin descartar ninguna", concluye.

Mientras tanto, la APM y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) anunciaron en un comunicado conjunto que no acudirán a ninguna de las reuniones de seguimiento convocadas por el Ministerio de Justicia en tanto en cuanto se mantenga el proyecto del CGPJ que "ataca la independencia judicial y nos sitúa fuera de los estándares europeos". De esta forma se desmarcaron de la convocatoria formulada ayer por el ministerio para tres reuniones con las asociaciones judiciales los próximos 19, 20 y 27 de octubre.

Una medida que no respalda la minoritaria Foro Judicial Independiente, que la considera "un gesto vacío de contenido que únicamente afectaría a los ciudadanos destinatarios de los proyectos ministeriales", y llama a "los jueces a renunciar a participar en el reparto político del poder judicial".

Los magistrados repudian que los políticos elijan a sus representantes

Los jueces y magistrados españoles consideran que la Justicia es independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83 por ciento- cree que todos los gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial del 8 al 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces en activo -la muestra supone casi el 20 por ciento de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales.

La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90%) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje ve preciso un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

También apoyan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.