El instructor de Angrois no ve el juicio en el horizonte de 2019

n n n El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, confía en que "antes del verano" la Audiencia de A Coruña haya adoptado una resolución "firme" ante los recursos presentados por las partes al cierre de la investigación sobre el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013. La conclusión de la fase de instrucción con el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif como imputados por 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave sitúa más cerca la celebración del juicio, que, en cualquier caso, Lago ve "complejo" que se pueda desarrollar en 2019.

"Eso ya dependería del juzgado de lo penal, de su agenda de señalamientos. Es un juicio complejo, habría que hablar con el TSXG, habría que arbitrar medios, una sala de vistas adecuada... Es complejo, es una causa compleja de organizar", destaca en una entrevista.

Al respecto de otro de los asuntos de que se ocupa con trascendencia mediática, el de la causa por el tratamiento de la hepatitis C en la comunidad autónoma, avanza que "dentro de poco" estará listo el informe del Imelga, "fundamental" para decidir en una dirección u otra. Por otra parte, como decano de Santiago, reclama "al menos" un nuevo juzgado de lo social, otro de lo contencioso-administrativo y uno para abordar los casos de violencia de género.

dos autos de cierre

Lago emitió a finales del año pasado, por segunda vez, el auto de cierre e inicio de procedimiento abreviado por el siniestro que dejó 80 muertos en la curva de A Grandeira hace cinco años y medio. En una primera ocasión lo dictó con el maquinista, Francisco Garzón, como único investigado, pero la Audiencia, como reconoce, le dijo: "Oye, espérate un poquitín, mira antes esto por aquí, por aquí y por aquí y luego toma la decisión".

El resultado: ahora, junto a Garzón, como imputado, figura el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, a quien el instructor atribuye un deficiente análisis de riesgos en la línea Ourense-Santiago de alta velocidad. La hipótesis es que, de haberse evaluado, como prescribe la ley, se habría detectado la peligrosidad sobre la que poco después de la inauguración advirtió un jefe de maquinistas (había que reducir de 200 a 80 kilómetros por hora en un tramo que justo carecía del sistema de control de velocidad continua ERTMS).

Preguntado sobre si cree que la Audiencia decidirá imputar también al homólogo de Cortabitarte en Renfe (al que el propio Lago ya tomó declaración en calidad de investigado), señala que "entra dentro de lo posible". Por su parte, defiende haber dado su "opinión fundada" en el auto y evita "entrar en más detalles" porque "sería injusto para las partes" decir "más".

Sobre la mesa tiene los recursos de las partes. "No sé cuántos pero son varios. Tengo que ponerme a estudiarlos y a tomar una decisión", explica. Después dependerá de lo que decida la Audiencia, que tardará menos que en anteriores ocasiones porque "ya no es la primera vez que lo ve": si cree que hay que practicar alguna diligencia más, "retrasará todavía más la conclusión de esta instrucción"; si mantiene que "está bien cerrado", se podrá "avanzar". De todos modos, apunta a lo "complejo" que será este juicio y añade que "la inmediatez en celebrarse no es lo decisivo", sino que, "cuando se celebre, se haga con todas las garantías".

“afectados eternamente"

En este punto, cuestionado por el tiempo transcurrido desde la tragedia, considera que "la gente afectada lo va a ser eternamente", para advertir de que lo que "sí que sería frustrante" es que "después de una instrucción llegues a juicio, te declaren nulidad y no sirva para nada". "Mi función es combinar la rapidez con la seguridad. Que lo que se manda a juicio esté correctamente conformado", resalta.

Por otra parte, asegura que no le "disgusta en absoluto" que la instrucción haya tenido eco en la opinión pública, si bien "es el único caso donde cada resolución" que adoptaba "se ha valorado en todos los medios de comunicación". "Acostumbrado", se muestra convencido de que "toda crítica pública y correcta es inherente a una sociedad democrática". "Más allá" de esto, sentencia que "un juez tiene que resolver fundándolo en derecho".

El informe que pidió a la Agencia Ferroviaria Europea tardó un año en llegar a Compostela, después de un envío erróneo por parte del juzgado y tras cinco meses en paradero desconocido. Fue necesaria la intervención de las víctimas del accidente y de la eurodiputada Ana Miranda para que se recepcionase. n