Pomar censura la "dejación de funciones" ante el fin de curso

La Xunta considera que el Gobierno central cae en la "dejación de funciones" en sus competencias exclusivas al no haber definido los criterios de promoción y titulación para el alumnado en la orden ministerial para la finalización del curso académico 2019/90. Para el Ejecutivo autonómico, esta situación provocará "desigualdades" entre el alumnado de los diferentes territorios, "especialmente" en aquellos que realicen las pruebas de acceso a la universidad.

En un documento remitido ayer al Ministerio de Educación, el departamento que encabeza la conselleira Carmen Pomar dice que aplicará las directrices ministeriales, aunque enumera una serie de discrepancias que insta a la cartera que dirige Isabel Celáa a tener en cuenta para su inclusión en la orden final. Y es que, para la Consellería de Educación, el Gobierno central cae en la "dejación de funciones" por no definir la forma en la que, especialmente en la ESO y el Bachillerato, el alumnado será evaluado para su promoción al siguiente curso o la obtención del título.

De este modo, la Consellería de Educación asegura que la carencia de criterios unificados "provocará desigualdades entre el alumnado de los diferentes territorios", especialmente entre aquellos que realicen las pruebas de acceso a la universidad. Por lo tanto, el departamento que encabeza Pomar incide en la necesidad de que el Ministerio de Educación concrete en su orden el número de materias suspensas con las que es posible promocionar o recibir la titulación.

Merma en la calidad

Asimismo, la consellería cree que en los cursos de final de etapa las medidas de recuperación establecidas para el arranque del curso 2020/21 "no son necesariamente de aplicación" lo que provocará una merma en la "calidad" de la enseñanza recibida por el alumnado titulado.

En el apartado de Formación Profesional, la Xunta ve "una contradicción entre los previsto y lo que se ha tramitado" para la Formación en Centros de Trabajo (FCT), es decir, las prácticas con las que el alumnado termina el ciclo.

Además, también considera que existen "cuestiones técnicas ambiguas" en lo referente las enseñanzas artísticas y deportivas, además de detectar que "se omite cualquier tipo de referencia a las enseñanzas de idiomas y de adultos". Asimismo, considera que las medidas arbitradas por el Gobierno para un posible refuerzo educativo en julio "exigen la habilitación de los créditos oportunos del Ministerio a través del Fondo de Cooperación Territorial (sin estar vinculadas a la gestión del Fondo Social Europeo)" para así "atender la eventual demanda de las familias", lo que deja en manos de las comunidades "arbitrar las eventuales medidas con esa financiación".

En cuanto a la apuesta por incrementar la puesta a disposición de recursos tecnológicos, el Gobierno autonómico considera "insuficientes" las aportaciones "enviadas hasta el momento" desde el Ejecutivo central por lo que reclama una "dotación específica" para las comunidades que dé cobertura a la compra de equipos tecnológicos para iniciar el próximo curso.

Comunidades y sector educativo reclaman una normativa general

Las comunidades de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León, gobernadas por el PP, reclamaron ayer una legislación concreta con los criterios de evaluación, promoción, repetición y titulación de los alumnos para apoyar el plan sobre el fin de curso del Ministerio de Educación, que consideran que generan "desigualdades", una opinión que suscribe gran parte de la comunidad educativa y los sindicatos.

Esta demanda se produce un día después de que en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Gobierno y las comunidades se consensuara un documento que contempla que pasar de curso será la norma, sin que eso signifique se va a dar un aprobado general, y que la repetición será una "medida excepcional". Además, establece que la evaluación de este curso 2019-2020 será continua y la titulación "debe de ser la práctica habitual" para los alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y FP, según Educación, que insiste que en que esta decisión será tomada, en todo caso por el claustro de profesores en su conjunto.

críticas de los docentes

Los docentes también demandaron una norma común de "obligado cumplimiento" a través de su sindicato ANPE. Su presidente, Nicolás Fernández, ha lamentado, en entrevista con EFE, que no se haya consensuado una normativa clara, que no deje "al albur" de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado

Por su parte CSIF, que lamentó "la falta de liderazgo de Educación", insistió en que la forma de promoción y titulación están reguladas por ley orgánica y el decreto de alarma no modifica esta realidad normativa.

La Confederación de Padres de Alumnos expresó que la unidad de la comunidad educativa es fundamental y ha exigido que los alumnos más vulnerables puedan disponer de los medios necesarios para superar el curso.

El Sindicato de Estudiantes dijo que Educación "vuelve a fallar" porque sus medias no dan "una respuesta positiva a las necesidades" del alumnado.