Los trabajadores de Alcoa cercan la planta de San Cibrao e irán a la huelga

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao (Lugo) decidieron ayer en asamblea, después de que la reunión del comité de empresa con la dirección de la multinacional para aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acabase el lunes por la noche sin acuerdo, impedir la salida de aluminio del complejo industrial e iniciar una huelga indefinida a partir del próximo 4 de octubre.

Trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares que prestan servicio en la factoría de San Cibrao la prendían fuego al cartel de entrada al complejo industrial y cortaban primera hora de la mañana los dos principales accesos a la fábrica.En pocos minutos, el cartel con el logotipo de Alcoa Europe, situado en la entrada al complejo industrial, tanto a la refinería de alúmina como a la planta de aluminio primario, fue devorado por las llamas ante la atenta mirada de los manifestantes, todos vestidos con su ropa de trabajo.

Durante toda la mañana estuvo cortado el acceso al complejo industrial, y no se le permitió el "paso a nadie", ni "a los trabajadores de las auxiliares, ni a la gente de turno ni a los camiones", hasta la celebración de la asamblea, que tuvo lugar a las 13,00 horas, y en donde los trabajadores tomaron la decisión de evitar la salida de aluminio del complejo industrial, aunque se permitirá la entrada de la materia prima necesaria para mantener la actividad productiva en la fábrica, y convocar la citada huelga indefinida si no se produce ningún cambio sustantivo en la actual situación.

Piden la intervención

Desde el comité de empresa se insiste en la necesidad de que las dos administraciones implicadas, tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España, mantengan durante los próximos quince días la "presión" sobre Alcoa para que acceda a vender la factoría. En caso de que la multinacional no diese su brazo a torcer, le piden a la Administración que intervenga la planta para evitar la parada de las cubas, garantizar el mantenimiento de la producción y, consecuentemente, de los puestos de trabajo.

Un trabajador del departamento de mantenimiento, que lleva vinculado al complejo industrial desde 1998, reconocía ayer que la situación es "muy tensa". Este operario, que estaba participando en las protestas a las puertas del complejo industrial, explicaba que ahora "quien tiene que meter mano es el Gobierno, porque la empresa quiere mandar a los trabajadores a un ERE, parar las cubas y cerrar la fábrica". "Ahora veremos si el Gobierno nos tiende la mano o nos abandona, no hay otra", añadía. "Son la Xunta y el Gobierno quienes nos tienen que ayudar", afirmaba otro de sus compañeros, porque "ya hemos quemado todos los cartuchos. No nos quedan muchos más".

Los trabajadores de las empresas auxiliares se sumaron a la protesta de sus compañeros.

Feijóo ve "mala fe" en la empresa y dice que "no se debe descartar nada"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer, tras ser preguntado acerca de una posible intervención de la factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), que, si la multinacional prosigue con una decisión "absolutamente injusta y malintencionada" de no vender la fábrica, en su opinión "no se debe descartar nada". En un acto en Santiago, defendió que la Xunta trabaja "desde hace semanas" para que haya una venta de la compañía y esgrimió que "la situación es muy compleja", toda vez que dicha venta se ha frustrado y Alcoa ha comunicado su negativa a la venta de la fábrica a Liberty y a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). "No podemos dar nada por perdido, pero hay que reconocer que la posición de Alcoa es una posición absolutamente injustificable", advirtió.

Así, agregó que "la diferencia" entre lo que propone Alcoa y lo que propone Liberty con la intermediación del Gobierno central y la Xunta es "una diferencia salvable", por lo que "lo lógico es acabar con una venta en unas condiciones que garanticen los puestos de trabajo en el futuro".

"Si Alcoa quiere usar de forma fraudulenta su posición para impedir una venta a otra compañía, es evidente que ni el Gobierno ni la Xunta podemos aceptar una decisión injusta y que lo único que va a crear es pérdida de puestos de trabajo, de competitividad, y un problema para España. Nos quedaríamos sin la única industria de producción de aluminio primario", aseveró.

De este modo, remarcó que "lo que toca en este momento" es mantener la unidad entre el Gobierno central y la Xunta, así como enviar un mensaje a la autoridad laboral de que Alcoa "está actuando de mala fe" y que, "por encima de los intereses de una multinacional que quiere salir de España están los intereses legítimos de más de 500 familias que quieren seguir trabajando porque hay una empresa que quiere comprar la factoría".