Caballero señala que sólo en Vigo se anulan los bonobús sociales con padrón

El artículo 82.4 de la ley autonómica 2/2017 (ley de acompañamiento de los presupuestos) señala en su punto b que "en ningún caso se podrán establecer bonos sociales atendiendo a criterios exclusivamente territoriales, como la residencia, o a condiciones discriminatorias, como la raza, la religión o la opinión de la persona usuaria". El alcalde leyó ayer dos veces en rueda de prensa el artículo para confrontarlo con las últimas declaraciones de la Xunta sobre que hay que diferenciar la discriminación en la tarifa general, que prohíbe la ley estatal, y la tarifa social, para colectivos vulnerables.

El alcalde vigués insistió en que está recibiendo muchas peticiones "por escrito y orales" para declarar a Núñez Feijóo persona “non grata” “por el hartazgo de esta ciudad de tener que pagar el autobús gratis total o rebajado a cualquier ciudadano, a los de Honolulu también”, dijo. Aseguró que el de Vigo es el autobús más barato de España.

Caballero subrayó que "la ley de Feijóo (en referencia a la ley de acompañamiento en la que se basa el auto del juez que anula la exigencia de empadronamiento para la PassVigo) solo se aplica en Vigo". Quiso además mostrar su apoyo a los alcaldes que bonifican a los ciudadanos empadronados "porque tienen razón".

También se refirió al PP de Vigo, señalando que "supongo que se van a presentar a las elecciones en Redondela o Mos" y recordó que en Vigo no hay que estar empadronado para los bonos de escolar y universitario, que cuestan a la ciudad 1,7 millones al año.

Por otro lado, el concejal del PP Miguel Fidalgo ante las críticas de Caballero a Feijóo, aseguró que "lo que no hace Feijóo es demagogia" e insistió en que "ninguna ciudad de Galicia exige estar empadronado para dar bonobús ordinario".

Fidalgo volvió a exigir que se realice una "auditoría" de las cuentas de la concesionaria del bus, Vitrasa, y recordó que, en 2015, con medio millón de tarjetas verdes, el Concello pagaba a Vitrasa 11,5 millones; mientras que, con la nueva PassVigo con unas 120.000 tarjetas, segú sus cálculos, el coste es de 13 millones.