La Fiscalía pide cárcel y suspensión de empleo para un funcionario vigués a quien el cabecilla de la Patos pagó prostitutas

El origen de esta causa se remonta a febrero de 2014, cuando fueron detenidos cuatro empresarios y un concejal de Nigrán (Pontevedra) por un supuesto entramado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos, en relación con la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos.

A lo largo de la instrucción llegaron a estar investigados 46 empresarios, políticos y funcionarios, entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y varios concejales; el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán; o la exdelegada territorial de la Xunta María José Bravo Bosch.

No obstante, tras años de instrucción, la jueza ordenó el archivo de la causa con respecto a la mayor parte de esos investigados, incluidos todos los políticos (excepto Louzán), y también se acordó la formación de piezas separadas, dada la complejidad de la investigación.

Entre las piezas separadas, está la que se refiere a la supuesta comisión de un delito de soborno por parte del dueño de la constructora Eiriña, Enrique A.P., y del jefe del área de Fomento del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro C.C..

SUPUESTO SOBORNO

Según sostiene la Fiscalía, en junio de 2013 y en febrero de 2014, el funcionario vigués recibió los servicios sexuales de prostitutas que fueron pagadas por el empresario (que también se encargó de concertar dichas citas).

El Ministerio Público entiende que Enrique A.P. realizó esas "invitaciones" al otro acusado "en atención al cargo que desempeña en la administración municipal", es decir, para conseguir algún tipo de beneficio a cambio.

Por ello, sostiene que ambos son autores de un delito continuado de soborno y pide para el empresario nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o industria relacionada con la construcción o contratación pública.

En el caso del funcionario, solicita que se le condene a un año de prisión, con la pena accesoria de suspensión de empleo y cargo público por tres años. FALSEDAD DOCUMENTAL

Además de esta causa, el dueño de Eiriña ha sido formalmente acusado en otra pieza separada, en la que la Fiscalía ha pedido un año de cárcel para cada uno de los tres acusados de falsificar presupuestos para la tramitación de una subvención, y para la que también se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

Así, el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha ordenado que se abra juicio contra el dueño de la constructora Eiriña y uno de sus empleados, A.R.D., además de contra un funcionario de la delegación de la Diputación de Pontevedra.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Asociación Cultural Pedra Moura de Coruxo (Vigo) contrató en 2013 la realización de unos trabajos con la constructora Eiriña.

La entidad solicitó una subvención de 100.000 euros para llevarlos a cabo y presentó, junto con la solicitud, un presupuesto de Eiriña para esa obra y por esa cantidad.

El acusado J.M.V.M., trabajador de la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra, advirtió al responsable de la constructora, Enrique A.P., de que eran necesarios otros dos presupuestos alternativos para tramitar la subvención.

El ministerio público sostiene que el constructor ordenó a uno de los empleados, A.R.D., que consiguiese otros dos presupuestos para dar "cobertura" a su actuación, con la exigencia de que éstos fuesen por un valor superior al presentado por Eiriña.

Este acusado elaboró o mandó elaborar esos presupuestos "inveraces", a nombre de otras empresas, y éstos fueron firmados por la presidenta de la Asociación Cultural Pedra Moura, sin que conste que fuera conocedora de las irregularidades.

Por todo esto, la Fiscalía considera a los acusados autores de un delito de falsedad en documento mercantil y pide para cada uno de ellos un año de cárcel, y el pago de una multa de 4.320 euros. Además, en el caso del funcionario, solicita que sea inhabilitado para empleo o cargo público por el tiempo de la condena.