El Gobierno tasa la AP-9 en cuatro veces lo que pide Audasa

La última prórroga de la concesión de la autopista del Atlántico entró en vigor el pasado 23 de agosto, la aprobada por Aznar en 2000. Previamente, había sido ampliada por Felipe González hasta el pasado año. Serán 25 años, hasta 2048, con uno de los peajes más caros de las autopistas de España. Y según dijo el Gobierno por boca del ministro Óscar Puente, no se contempla bajo ningún concepto rescatar –“recuperar”- la titularidad de la autopista por su elevado coste, que cifró en 4.000 millones de euros. Puente aseguró en una respuesta parlamentaria que se trata de una tasación realizada por los expertos de su departamento, insistiendo en que abonar dicha cantidad provocaría un grave desajustes presupuestario al Estado.

Nada que ver con lo que la propia empresa Audasa, del grupo Itínere, ha declarado, recordó ayer Diego Maraña, presidente de la asociación de consumidores En Colectivo, que pleitea para poner punto final al peaje al entender que la ampliación vulneró los criterios de competencia de la UE. Maraña recordó que Audasa reconoció que, si el procedimiento de infracción iniciado por la demanda acababa con el fin de la concesión, reclamaría ser compensada en más de 1.000 millones de euros, según declaró en un informe ante la CNMV. Tampoco con los cálculos del Consejo de Estado, que señaló que el Gobierno va a conceder unos 2.000 millones en ayudas a la autopista -bonificación de viajes y peajes en la sombra, como Rande- una cantidad que podría ser suficiente para recuperar el control de la AP-9. “Nada de 4.000 millones, no sabemos de dónde sacó esa cifra el ministro”, indicó Maraña.

El presidente de En Colectivo indicó que en estos momentos hay dos posibilidades, una que el Gobierno decida recuperar la concesión, lo que supondría un desembolso a pactar, y otra, que Bruselas anule la prórroga, lo que conllevaría pagar indemnizaciones a Audasa. Pero en su opinión, y ateniéndose a las cifras conocidas, en ninguno de los dos casos nunca se alcanzarían los 4.000 millones que anunció Puente. “Nuestros cálculos son parecidos a los de Audasa y el Consejo de Estado, en torno a los mil millones costaría, menos que los 2.000 millones que va a abonar el Estado a la empresa por bonificaciones y peajes en la sombra”, señaló. Según Diego Maraña, abonar hasta 2.000 millones “compensaría” al Estado y permitiría acabar con el peaje.

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“El peaje puede caer, como en otras autopistas”

En Colectivo presentó en julio de 2020 la denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa vulneraban la normativa comunitaria. Bruselas anunció en septiembre de 2021 la apertura de expediente a España por ese periodo de explotación extra, sin haber convocado una licitación pública. Y más tarde, hace apenas dos meses, envió la Comisión otra carta de emplazamiento al Gobierno para que motive la prórroga concedida a Audasa. Es el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia. Según los cálculos del equipo de Diego Maraña, el Ejecutivo tiene un mes, hasta el 23 de junio para responder. “Es posible que ahora pueda caer el peaje, como ha pasado en otras autopistas españolas", zanjó.