La mafia nigeriana que estafó 50 millones también actuó en Vigo

La mafia nigeriana desarticulada en mayo del año pasado por estafar supuestamente más de 50 millones de euros a empresarios de diez países también dejó víctimas en la ciudad. El juzgado de Instrucción 3 de Vigo es uno de los más de diez en todo el territorio nacional que tiene causas abiertas relacionadas con dicha red y cuya investigación se inició en Madrid en 2014, a raíz de la denuncia de un ciudadano pakistaní al que le habrían estafado 34.000 euros tras el hackeo de su cuenta bancaria.

Durante dos años, la Policía pudo llegar hasta el líder de una organización criminal con varios cabecillas, que residían en Nigeria.

El grupo llevaba a cabo la conocida como estafa del CEO (Business Email Compromise), lo último en timos elaborados por internet, con el que atacaban a directivos y suplantaban su identidad.

La estructura de la organización estaba formada por hackers que obtenían las credenciales de acceso a los correos electrónicos de empresas que realizan importantes transferencias bancarias internacionales. Se trata de un clásico “phising” pero a un grupo específico. Tras obtener las credenciales de las cuentas de altos directivos analizaban sus gestiones económicas y enviaban un correo malicioso usurpando su identidad a todos los contactos de la cuenta, simulando haber compartido un ocumento en servicios de almacenamiento en la nube, que obligaba a introducir usuario y contraseña. Capturadas las credenciales fingían un error en la descarga para evitar sospechas.

A partir de ahí, los estafadores suplantaban la identidad del directivo bien para operar directamente con los bancos bien para modificar al destinatario de una contraprestación económica por el negocio.

En la pirámide junto con los hackers se encontraban las “mulas” y las “mulas cualificadas”, encargados de contratar intermediarios para cuentas puente bajo una comisión, los “facilitadores” (enviaban documentación falsa a las mulas para evitar sospechas en los bancos) y los “transportistas” , encargados de hacer llegar a los destinatarios el dinero sustraído en las estafas.

La Policía tuvo conocimiento del contacto de esta red con otras organizaciones criminales dedicadas a la misma actividad delictiva radicadas en Estados Unidos, Reino Unido, Lituania y Malasia, estando integrada la organización finalmente por un total de 51 investigados. Un reciente auto del Supremo que deriva la causa, iniciada en un juzgado madrileño, a la Audiencia Nacional, señala que hay víctimas tanto en España como en distintos países de varios contenientes entre ellos Italia, Estados Unidos, Malta, Tanzania, Indonesia, Emiratos Árabes, Canadá, Australia o Ucrania, entre otros. Hasta el momento, las autoridades judiciales calculan que hay un mínimo de 25 empresas de todo el mundo afectadas.

La causa será aglutinada ahora en la Audiencia Nacional.

Dos juicios en un día por presuntas estafas en internet

Los juzgados penales de Vigo acogieron ayer dos vistas por supuestas estafas cometidas a través de una página de compra-venta por internet.

Hasta tres años de prisión llegó a solicitar el fiscal en su escrito de calificación provisional para uno de los cuatro acusados de concertar ventas fraudulentas por la red para repartirse las ganancias si entregar el producto que supuestamente se vendía.

En concreto, la vista señalada en el Penal 1 acogía los hechos acontecidos en diciembre de 2012 cuando los acusados ofertaron en una página web una cámara de fotos acordando un importe de 1.800 euros con la víctima mediante transferencia bancaria, que se llegó a realizar sin que éste recibiera objeto alguno ni devolución.

Asimismo, el fiscal sostiene que también ofertaron un motor fueraborda por 4.000 euros y que mediante giro postal tres de los acusados recibieron más de 1.000 euros repartiéndose de nuevo el dinero sin realizar envío de la mercancía.

El juzgado de lo Penal 3 sentó en el banquillo a otro acusado al que el fiscal atribuye el robo de una moto aparcada en la avenida de Beiramar y que utilizó en piezas para reparar otra moto adquirida en un taller de Ourense en estado de siniestro y que fue intervenida en 2013. Fue en esa fecha cuando se descubrió, sostiene el fiscal, que portaba un motor de un vehículo análogo sustraído en Madrid.

El acusado adquirió a sabiendas, dice la acusación pública, las piezas que procedían de una moto robada, para colocarlas en el otro vehículo y tras repararla la puso a la venta en la misma página de los hechos enjuicidados en el Penal 1.

El joven se enfrentaba a una pena inicial de 15 meses de prisión.