El pleno de Vigo pide por unanimidad que Audasa pague el IBI completo
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Exige al Estado buscar mecanismos para que la concesionaria de la AP-9 no esté exenta del 95% del impuesto por una ley franquista de 1972: el Concello ya recurrió la exención a Bruselas. Apoyo de todos los grupos a que Coruxo tenga pediatra, aunque en verano los niños irán a Navia. El gobierno vigués solicita para Vigo un trato de capital.
La exigencia de que Audasa abone la totalidad del Impuesto por Bienes Inmuebles al Concello de Vigo (IBI) fue el único punto que logró unanimidad ayer en el pleno municipal. La moción, presentada por Marea, solicitó al gobierno local las acciones oportunas para que la AP-9 deje de ser la única vía exenta del 95% del pago, basándose en las bonificaciones de la ley de explotación de autopistas aprobada en 1972, durante el franquismo.
Rubén Pérez, portavoz de Marea, respaldó su solicitud en los beneficios económicos conseguidos por Audasa, sin que repercutan en la ciudadanía. Así, señaló que de 1997 a 2016, recaudaron en peajes unos 2.344 millones de euros; que desde 2016 acumula 1.900 millones de euros en bruto, el 81% de la recaudación y que el beneficio neto tras los impuestos se elevó entre 2011 y 2015 a 186 millones de euros a repartir íntegramente entre los accionistas. Al otro lado de la balanza, Rubén Pérez señaló que la AP-9 es la autopista con mayor número de reclamaciones, ya que con solo el 3% de los usuarios concentra el 19% de las quejas. Además es la que menos trabajadores tiene por kilómetro, tres veces menos que la media e incluye el punto de mayor siniestralidad de las autopistas españolas. Pese a dar el peor servicio, desde Marea indicaron que es la que cuenta con mayor beneficio, un 50% sobre la facturación. Asimismo apuntó que la concesión que más tarde finalizará su explotación tras la prórroga de Aznar, extendiéndola lo máximo permitido, 75 años.
Tanto el Partido Popular como el PSOE apoyaron la propuesta que pasa por instar al Gobierno de España a facilitar la reclamación del pago íntegro del IBI, a que el gobierno elabore los informes jurídicos y económicos pertinentes, al tiempo que se traslade al acuerdo al parlamento autonómico y al Congreso.
En sus intervenciones tanto Miguel Fidalgo, del PP, como Jaime Aneiros, del gobierno local, aprovecharon para intercambiar reproches por las prórrogas realizadas con gobiernos de ambos partidos. El edil popular aseguró que “al PP no nos gustan los peajes” y responsabilizó a Pepe Blanco y a Zapatero del de la AP-9. Aseguró que “es un atraco a la ciudad tener que pagar durante 20 años el 1% acumulativo y el IPC; “un peaje que también subieron con el bipartito”, apuntó, para acabar desviando tema a la reclamación de la llegada del AVE a Galicia en la fecha acordada. Como contestación, el concejal de Hacienda afirmó que “no somos iguales, ya que la prórroga de Aznar supuso la ampliación máxima hasta 2048”. A continuación justificó el apoyo de su grupo a la reclamación realizada por Caballero en 2009 en los tribunales, que dio la razón a Audasa y que está recurrida en Bruselas.
En la réplica final, Rubén Pérez les advirtió tanto al PP como al PSOE que “culpables de la ampliación del peaje hay muchos, de lo que se trata es de que las bonificaciones fiscales no se prorroguen también”.
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