La prostitución cambia en Vigo: ahora son pisos que ofertan sexo y drogas en el centro

La última operación policial llevada a cabo en Vigo que acabó con la detención de una pareja por, presuntamente, forzar a prostituirse en un piso a su inquilina a la que obligaban a ofrecer droga a los clientes, es sólo la punta del iceberg. Tanto la brigada de la Ucrif (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad) como los colectivos que trabajan en la lucha contra la trata y explotación de mujeres han detectado la proliferación de pisos donde, además de ejercerse la prostitución se venden sustancias estupefacientes.

El cierre paulatino de clubes de alterne en los últimos años, asfixiados por los controles policiales, llevó el sexo a los pisos, algunos ‘oficiales’, con publicidad en redes y sin sospechas de ilegalidades en cuanto a la situación de las mujeres, y otros, conocidos como ‘clandestinos’, donde se ha introducido la droga.

Del primer tipo de inmuebles, los más tradicionales, la Policía calcula la existencia de una decena. El problema está en los segundos, que pueden ser incluso sólo habitaciones y más diseminados por la ciudad. Fuentes consultadas aseguran que la mayoría de mujeres ‘captadas’ para ejercer en estas viviendas son de origen sudamericano, la mayoría sin papeles y que trabajan para terceros.

La forma en la que se actúa en estos lugares tiene similitudes con los clásicos clubes, donde el usuario podía adquirir alcohol e invitar a las mujeres. Ahora, la oferta, a falta de un bar, es droga, cocaína, para conseguir mayor gasto por parte del cliente, que prolonga su estancia y paga por el sexo y el consumo.

Esta circunstancia, detectada en la última detención, fue una de las claves para que la pareja de ‘caseros’ fueran enviados a prisión.

El declive de los tradicionales clubes es patente en Vigo y su área con el cierre de cerca del 60% de locales en los últimos ocho años y los juicios y sanciones a más de una decena de propietarios. Sólo una minoría, pequeños locales, mantiene un formato sobre el que el Gobierno se plantea actuar de forma contundente.

El temor para los colectivos de ayuda es que no haya un plan detrás para es mujeres, sin papeles y sin derecho a una renta mínima.

La última víctima en Vigo, que huyó de Venezuela por la situación política del país, se encuentra en calidad de testigo protegido, tras denunciar a la pareja que le alquiló un piso.