El Puerto pide a un tribunal que aclare qué hacer con Vulcano

La Autoridad Portuaria de Vigo (APV) ha decidido no someter a sus consejeros a un estrés añadido y ha remitido al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el expediente de declaración de extinción de la concesión de la desaparecida sociedad Vulcano de forma que establezca cuál es el procedimiento que se debe seguir en relación con los terrenos y dar todas las garantías jurídicas a los inversores interesados en desarrollar un proyecto empresarial. El presidente del Puerto, Enrique López Veiga, defiende como mejor solución para genera el mayor nivel posible de empleo y riqueza dar por bueno el dictamen del Consejo de Estado, que consideraba anulada la concesión, por lo que podría sacarse a concurso por 50 años con los terrenos privados adquiridos por la APV. Sin embargo, existe una sentencia que dice lo contrario, que la concesión está en vigor y es susceptible de ser subastada con las instalaciones aunque Vulcano ya no existe, como ha ocurrido, aunque el límite es por siete años. También la patronal del metal quiere que se acelere la recuperación de la actividad en el astillero. Sólo ha habido una oferta ante el administrador concursal y el Juzgado Mercantil, la del empresa Alberto Barreras, que considera válido el fallo judicial. Según indicaron fuentes portuarias, ante esta duda, se ha optado por acudir al tribunal de conflictos para que decida y aporte seguridad jurídica a los inversores . La APV prefiere que salga a concurso para que puedan presentarse grupos potente que apuesta preferente y fundamental por el sector naval, siempre con 50 años por delante para rentabilizar la inversión.

Según indicó la APV en una larga comunicación, ya ha remitido a los consejeros toda la documentación sobre esta controversia y su propuesta sobre los terrenos, que pretende "asegurar la atracción de inversores y dar seguridad jurídica a los interesados rescatando la concesión, adquiriendo los terrenos anexos al astillero y sacándola en conjunto a concurso por un máximo de 50 años, tal como establece la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante". Esta propuesta está condicionada al dictamen del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, al que la Autoridad Portuaria ha trasladado el caso, a través de Puertos del Estado, para que el Ministerio de Transportes plantee un conflicto de jurisdicción. En teoría, debería haber respuesta en dos o tres meses máximo.

Añade la APV que dicha remisión y la búsqueda de una resolución al respecto de la controversia se encuentra en línea con la búsqueda de mayor seguridad jurídica posible y aprovecha el aplazamiento de la votación que Puertos del Estado solicitó al consejo de administración sobre la resolución del expediente de declaración de extinción de la concesión, con el objetivo de proporcionar un tiempo adicional para la búsqueda de una posible solución al problema. Por tanto, no habrá consejo extraordinario y monográfico, como ya avisó López Veiga: primero se aclarará el fondo y luego habrá decisiones.

La APV advierte de que la complejidad sobre la interpretación de la posible extinción de la concesión y la implicación en la misma de la jurisdicción mercantil debido a la situación de la empresa "genera un conflicto claro de jurisdicciones, que puede sobrepasar las competencias del consejo de administración y de sus consejeros".